En 2008, el fabricante estadounidense de armas Colt, con sede en Hartford, Connecticut, elaboró una pistola calibre .38 Super de edición especial en la que una empresa asociada grabó una imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata. En 2017, un asesino usó esa arma para matar a tiros a una prolífica periodista de investigación mexicana, Miroslava Breach, mientras llevaba a su hijo a la escuela en coche en la ciudad de Chihuahua. Fue una ironía cruel: un arma estadounidense decorada con la imagen de un mexicano que luchó por la libertad fue utilizada para silenciar la libertad de expresión en México.
En agosto del año pasado, Juan Carlos Moreno, sicario de un cártel, fue sentenciado a 50 años de cárcel por su participación en el asesinato de Breach, y Hugo Amed Schultz, exalcalde del municipio Chínipas en Chihuahua, fue detenido después por su presunta implicación en el homicidio. Las leyes mexicanas de control de armas son tan estrictas que en todo el país solo hay una tienda, controlada por el ejército, en la que los ciudadanos pueden comprar un arma de manera legal. Sin embargo, un flujo constante de armas de contrabando enviadas desde el norte por el río Bravo llega a manos de los asesinos. Entre 2007 y 2019, se confiscaron más de 164.000 armas de fuego a delincuentes en México y su origen se encontró en armerías y fábricas estadounidenses.
Esto es solo la punta del iceberg. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México estima que más de 2,5 millones de armas han cruzado la frontera sur de Estados Unidos en la última década. En ese periodo, México ha sido asolado por la violencia que aterra a las comunidades y sofoca el crecimiento de la nación. Ni siquiera la pandemia pudo contener la tasa de homicidios del país: el año pasado se registraron más de 34.000 asesinatos.
El gobierno de Joe Biden tiene una oportunidad para reducir el tráfico de armas hacia México y otros países. Las armas de fuego que se envían de contrabando desde Estados Unidos cruzan todo el continente, pues no solo llegan a México, sino también a los países centroamericanos, donde la violencia ha provocado que olas de migrantes y refugiados huyan hacia la frontera sur de Estados Unidos.He dedicado los últimos cuatro años a seguir el rastro de este llamado “río de hierro de armas”, en un esfuerzo por comprender por qué Estados Unidos y México han fracasado de manera tan rotunda en detenerlo. La travesía me llevó desde la feria comercial de armas de fuego más grande del mundo, en Las Vegas, hasta una fábrica de Kalashnikov en Rumania y los mercados de drogas al aire libre de Baltimore. El río de hierro con destino a México se entrecruza con el canal que transporta armas desde estados estadounidenses con leyes de control de armas más laxas hasta ciudades con leyes más estrictas, como Chicago, Washington y Nueva York, que ahora están registrando un alza en los homicidios.
El mercado negro de las armas está entrelazado con el narcotráfico, como dos plantas venenosas que se enredan una con la otra. En el juicio llevado a cabo en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, conocido como “el Chapo”, en 2019, la fiscal Andrea Goldberg describió cómo el capo de la droga traficaba toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína hacia el norte para luego trasladar camiones llenos de rifles hacia el sur. “El acusado hacía algo parecido a adquirir las armas o distribuirlas, no solo para su uso personal, sino para que sicarios y pistoleros las usaran también”, afirmó. “No era una situación en la que cada quien traía su propia arma de fuego”.
El mercado negro de las armas es el motor detrás del aumento de los asesinatos en ambos lados de la frontera, y los traficantes se aprovechan del confuso entramado de regulaciones que rige a la industria legal de armas de fuego en Estados Unidos. Por increíble que parezca, no hay una ley federal que prohíba específicamente el tráfico de armas de fuego en Estados Unidos.
Los traficantes adquieren las armas mediante el vacío legal en la venta privada, gracias al cual la gente que dice ser coleccionista puede vender armas a terceros sin realizar una revisión de antecedentes a los compradores ni pedirles una identificación. De 2009 a 2010, un estadounidense, Hugh Crumpler III, compró 529 armas en tiendas y las revendió en ferias de armas en Florida sin exigir documentación para obtener ganancias. Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos posteriormente rastrearon las armas y hallaron que habían llegado a manos de un grupo de traficantes latinoamericanos y se habían usado en cinco tiroteos, desde Colombia hasta Puerto Rico. Crumpler se declaró culpable de distribuir armas sin licencia y fue condenado a 30 meses en prisión.
El presidente Biden debería apoyar la verificación universal de antecedes a fin de eliminar este vacío legal, una iniciativa respaldada por la gran mayoría de los estadounidenses. Un sondeo de 2019 de NPR/PBS NewsHour/Marist reveló que el 89 por ciento de los encuestados, entre los que había un 81 por ciento de conservadores, dijeron que apoyaban las verificaciones de antecedentes para todas las compras de armas en ferias comerciales o en cualquier otro tipo de ventas privadas. Ese mismo año, la Cámara de Representantes aprobó una amplia legislación bipartidista para el control de armas, pero el Senado aún no la ha sometido a votación.
Otro método que usan los mafiosos para conseguir armas es pagarle a un “comprador fantasma” o alguien sin antecedentes penales para que adquiera un arma de fuego. Si los atrapan, estos compradores son acusados de mentir en el formulario y su pena suele ser solamente quedar en libertad condicional. Por su lado, los traficantes pagan una suma ridícula de entre 50 y 100 dólares por arma.
“Saben que no van a ir a la cárcel. ¿Dónde está el elemento disuasorio?”, pregunta Steve Barborini, exagente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Si las pautas de imposición de condenas se incrementaran y los compradores fantasma enfrentaran penas de cárcel, quizá lo pensarían dos veces.
Los últimos dos métodos a los que recurren los traficantes son comprar armas de fuego robadas, que suelen hurtarse de armerías, y adquirir armas fantasma en internet. Ya se han presentado propuestas de ley ante la Cámara de Representantes que acabarían con ambas estrategias.
Ninguna de las reformas violaría la Segunda Enmienda de Estados Unidos y serían aceptables para muchos propietarios de armas. Sin embargo, desde hace mucho se han enfrentado a la oposición de un poderoso grupo de cabildeo que combate casi cualquier regulación a las armas y de los republicanos en el Congreso, quienes bloquean cualquier cambio.
El gobierno de Biden tendrá la oportunidad de implementar estas cuatro medidas mientras su partido tenga el control de las Cámaras Baja y Alta. Acabar con el mercado negro de las armas podría salvar miles de vidas, y hay un camino claro para avanzar en este tema.
Los narcotraficantes suelen adornar sus armas con oro y piedras preciosas a manera de celebración de las herramientas que usan para ganar dinero y sembrar muerte. He visto un arma incautada por el ejército mexicano con el nombre del revolucionario Pancho Villa al lado de otra con el del ícono de la moda Versace. Otra arma confiscada tenía grabada la frase: “Solo los muertos han visto el final de la guerra”. Espero que algún día cercano los vivos en México también puedan ver lo que es la paz en realidad.
Por Ioan Grillo
New York Times
21/02/2020
https://www.nytimes.com/es/2021/02/21/espanol/opinion/trafico-armas-mexico.html